Las autoridades estadounidenses también tomaron control de dominios y servidores utilizados presuntamente para captar fondos, en una operación que pone nuevamente sobre la mesa el papel de la trazabilidad blockchain y los controles de cumplimiento en el ecosistema de activos digitales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció el 1 de septiembre de 2026 la incautación de más de US$560,000 en criptomonedas que, según las autoridades, estaban destinadas a financiar a Hamás, organización designada por Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera.
La operación, autorizada judicialmente y ejecutada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), también permitió a las autoridades tomar control de dominios, servidores y otra infraestructura digital presuntamente utilizada para captar recursos y contactar potenciales simpatizantes a través de Internet.
Una red de recaudación basada en activos digitales
De acuerdo con el comunicado oficial, documentos judiciales describen una estructura en la que personas vinculadas a Hamás habrían utilizado plataformas de comunicación cifrada y sitios web para dirigir a potenciales donantes hacia distintas direcciones de criptomonedas.
Las direcciones utilizadas para recibir fondos eran modificadas periódicamente, una práctica que, según las autoridades, buscaba dificultar la identificación y seguimiento de los recursos.
Las investigaciones involucraron información obtenida de fuentes humanas, análisis de blockchain y cooperación con empresas del sector de activos digitales. El DOJ señala que tres órdenes de incautación previamente desclasificadas permitieron identificar, rastrear y finalmente incautar aproximadamente US$560,000 en criptomonedas entre 2025 y 2026.
Uno de los expedientes judiciales que respaldó la investigación muestra que el FBI solicitó autorización para incautar activos almacenados en varias direcciones de moneda virtual y cuentas mantenidas en una plataforma de intercambio.
USDT y el seguimiento de las operaciones en blockchain
Los documentos judiciales detallan que parte de la investigación se concentró en operaciones realizadas con USDT (Tether) y en el seguimiento de movimientos efectuados a través de redes blockchain.
El expediente explica cómo los investigadores utilizaron herramientas especializadas de análisis blockchain para reconstruir movimientos entre direcciones, identificar concentraciones de fondos y establecer posibles conexiones con exchanges y otros intermediarios.
Asimismo, la investigación documenta la colaboración con proveedores del ecosistema de activos digitales para congelar determinados fondos identificados durante el proceso. Algunas de las órdenes judiciales contemplaban tanto direcciones de criptomonedas como cuentas alojadas en plataformas centralizadas.
El DOJ informó que la operación también permitió al FBI controlar infraestructura asociada al sitio principal utilizado por las Brigadas Al-Qassam y, a partir de ello, interceptar nuevas donaciones en criptomonedas dirigidas a la organización.
Blockchain como herramienta para investigaciones financieras
El caso resulta relevante para el ecosistema fintech porque evidencia una característica particular de muchas redes blockchain públicas: aunque las transacciones pueden realizarse utilizando direcciones que no muestran directamente la identidad de una persona, los movimientos permanecen registrados y pueden ser analizados posteriormente.
En este tipo de investigaciones, la información disponible en blockchain puede combinarse con datos provenientes de exchanges, procesos de Know Your Customer (KYC), análisis de transacciones y otras fuentes para intentar relacionar direcciones digitales con personas, cuentas o entidades específicas.
De hecho, el propio expediente judicial describe el uso de herramientas comerciales de análisis blockchain por parte de investigadores para estudiar las transacciones y establecer conexiones entre distintas direcciones y servicios de activos virtuales.
¿Qué implica para el ecosistema fintech y de activos digitales?
Más allá del caso particular, la actuación de las autoridades estadounidenses refleja la creciente relevancia de los mecanismos de AML/CFT —prevención del lavado de dinero y del financiamiento del terrorismo— dentro de la industria de activos digitales.
Para exchanges, proveedores de servicios de activos digitales y otras empresas fintech, estos acontecimientos refuerzan la importancia de contar con capacidades como monitoreo transaccional, identificación y conocimiento del cliente, evaluación de riesgo de billeteras, screening de sanciones y procedimientos de respuesta ante requerimientos de autoridades competentes.
Al mismo tiempo, el caso demuestra cómo las herramientas de análisis blockchain se están incorporando cada vez más a las investigaciones financieras y de cumplimiento, convirtiéndose en un componente relevante de la infraestructura de prevención de delitos financieros dentro de la economía digital.
El FBI aseguró que continuará utilizando sus facultades para identificar e interceptar flujos financieros ilícitos y evitar que organizaciones designadas aprovechen redes y plataformas digitales para financiar sus actividades.
Fuente principal: Departamento de Justicia de los Estados Unidos — Oficina del Fiscal Federal para el Distrito de Columbia. Comunicado publicado el 1 de septiembre de 2026.
Documento judicial consultado: Affidavit in Support of an Application for Seizure Warrants, caso 25-SZ-42, Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
